Entre 2013 y 2014, aumentó de manera considerable el número de niños, niñas y adolescentes no acompañados que migran desde los países de América Central hacia México y los Estados Unidos (EU). Se estima que, entre octubre de 2013 y mayo de 2014, cerca de 50.000 niños y niñas migrantes fueron detenidos en la frontera con EU: un aumento del 92% respecto del año anterior. Este gran incremento en el flujo migratorio hacia EU, denominado “the surge” (la ola), es visto como una amenaza que puede hacer colapsar los organismos de tránsito y países de destino, así como los organismos responsables por la repatriación y la protección de niños y niñas en los países de origen (ChildFund, 2014). Este aumento en el número de niños y familias migrantes que cruzan la frontera y son atendidos por las autoridades estadounidenses durante el verano de 2014 se caracterizó rápidamente como una “crisis humanitaria” que requería acciones de todos los gobiernos involucrados, ONG y agencias de organismos internacionales.
En las comunicaciones de las autoridades y los representantes de estas entidades, y en la presentación de los medios masivos de comunicación, este fenómeno migratorio fue sobredimensionado, y el énfasis estuvo puesto principalmente en su carácter de “crisis humanitaria” y en sus conexiones con el contexto de violencia en los países de origen. Por un lado, esto permitió sensibilizar a la opinión pública sobre la problemática de los niños y niñas que migran solos y sobre los peligros a los que están expuestos durante su travesía, así como impulsar mejoras en los servicios de detención, custodia y deportación de los niños y sus familias. Por otro lado, llevó a que la mayor parte de las acciones de las entidades estatales y no gubernamentales se desarrollaran desde una concepción de intervención humanitaria, es decir, con el objetivo de proveer servicios básicos lo más rápidamente posible para cubrir las necesidades inmediatas de los niños y niñas migrantes que cruzaban la frontera, como sucede en contextos de desastres, conflictos y desplazamientos en el mundo. En menor medida, esta “crisis humanitaria” motivó la planificación de acciones a largo plazo por parte de los gobiernos que buscan evitar la emigración de ciudadanos de sus países, cuya efectividad resta ser comprobada. En particular, a fines de 2014 los Estados del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras), junto con EU y el BID, acordaron el “Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte”, con el fin de responder a la falta de políticas para mejorar el nivel de vida de sus poblaciones y, en consecuencia, prevenir la migración.
Cuando hablamos de niños y niñas migrantes no acompañados o separados, nos referimos a los menores de edad que migran entre las fronteras de los países del Triángulo del Norte, México y los EU, separados de ambos padres o de sus tutores legales, y no están al cuidado de un adulto. Estos niños, que en su mayoría tienen de 10 a 18 años, migran debido a contextos de pobreza, violencia social e institucional, y falta de oportunidades y servicios que caracterizan a sus comunidades de origen, así como debido al deseo de reagruparse con sus familiares migrados (Ceriani Cernadas, 2012; ACNUR, 2014a). Asimismo, el proceso de migrar para trabajar en zonas prósperas de México o en EU es, desde hace muchas décadas, una práctica cultural fuertemente enraizada, valorada de manera positiva y considerada un rito de pasaje para adolescentes y jóvenes.
Durante su travesía migratoria, muchos niños y niñas se exponen a riesgos de abandono, abuso, explotación laboral y sexual, trata, así como a violaciones de sus derechos básicos a la salud, nutrición, educación e identidad (UNICEF et al., 2014). En particular, la situación de seguridad en deterioro en los países del Triángulo del Norte y México plantea alarmas sobre las condiciones en las que viajan estos niños y niñas no acompañados. Además, luego de ser detenidos por funcionarios de México y EU, todas las semanas cientos de niños son devueltos a sus países de origen, y a menudo regresan a las mismas condiciones sociales de las que inicialmente migraron, sin que se tengan en cuenta los riesgos a los que quedan expuestos. En estos casos, nos referimos a niños y niñas retornados, es decir, migrantes o nacidos en el país de destino de padres migrantes, que regresan, solos o acompañados, a su país de origen, de forma voluntaria o, la mayoría de las veces, como consecuencia de un procedimiento de deportación o repatriación (RELAF, 2014). 3 En muchos casos, estos son 2 Fuentes: Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos reintegrados a sus familias y comunidades de origen como resultado de los procesos de deportación y retorno. En el caso de aquellos niños que logran ingresar en EU, el informe de ACNUR (2014a) identifica que más de uno de cada dos tiene razones legítimas para la solicitud de asilo, 4 de lo que se presume podrían quedar expuestos a peligros si son devueltos a sus comunidades. Pese a ello, durante los últimos años, los fondos destinados a impedir la entrada de migrantes por la frontera con México se han incrementado drásticamente.
