Introducción
El presente documento ha sido elaborado en el marco del trabajo conjunto de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Reconoce como antecedente el informe “Derecho del niño a la familia: Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas” de la CIDH. Dicho informe ha servido de apoyo en la elaboración del presente y contiene un exhaustivo desarrollo de los principales estándares del derecho internacional de los derechos humanos en relación al tema. Describe y analiza la situación de niñas, niños y adolescentes de América Latina y el Caribe que viven en las instituciones de protección y cuidado. El panorama en términos generales no es muy positivo. Existe una importante distancia entre la realidad y los estándares establecidos en la normativa internacional que vela por el respeto y el ejercicio de los derechos de los niños y sus familias. No obstante, algunos avances permiten augurar que la situación puede cambiar. El informe pone de relieve uno de los más importantes retos de los sistemas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en la región.
En la mayoría de los países de la región se advierte un uso desmedido de la institucionalización de niños por razones de protección, pese a que esa medida debería ser utilizada únicamente como medida excepcional. Tal como se verá, es difícil establecer el número de niños que viven en estas condiciones, dada la falta de datos respecto a las distintas instituciones encargadas. Una cifra aproximada podría superar los 240.000.2 Sin embargo, son varios los países que carecen de información precisa. Al no existir un criterio único de sistematización, se generan situaciones que complican la labor de investigación. En consecuencia, es difícil determinar con exactitud si hubo en los últimos años avances o retrocesos en la cantidad de niños que son atendidos en estos centros, dado que en muchos de los países de la región no se realiza este tipo de seguimiento.
En las últimas décadas ha habido un cambio en las políticas públicas y en la forma de prestar servicios sociales a la infancia y la familia en los países de la región. Pero pese a los avances, aún existen situaciones normativas y prácticas institucionales que tienen un impacto negativo en lo que refiere a la utilización de la internación de niños, niñas y adolescentes en instituciones y las condiciones en las que ello ocurre. El presente informe releva con preocupación la poca visibilidad que ha tenido en muchos de los estados el abordaje de los sistemas de protección, especialmente en lo que refiere a las medidas que implican la colocación de los niños en instituciones de protección y cuidado. En relación a este tipo de respuestas institucionales, es posible identificar la convivencia de normas y mecanismos que responden a una concepción tutelar de la infancia y la adolescencia con normas que reconocen a los niños como sujetos de derechos.
Es así que en muchos casos, no hay registros oficiales de las instalaciones y los recursos materiales y humanos de las instituciones, ni se realiza una supervisión de las condiciones de vida de los niños de acuerdo a sus derechos y necesidades. La atención en muchos casos tiene un carácter despersonalizado, con situaciones de convivencia violentas. En lugar de tomarse como excepcionales, los períodos de internación no tienen un plazo determinado, o en el mejor de los casos, duplican o triplican el necesario. Esta situación se agrava para los niños menores de tres años, niños con discapacidad, aquellos afectados por el consumo de sustancias psicoactivas y aquellos con enfermedades físicas o mentales que limitan aún más su adecuado desarrollo, ya que no cuentan con atención especializada ni condiciones acordes a su situación. Los niños pertenecientes a minorías étnicas y los migrantes son también víctimas de violaciones a sus derechos y no cuentan con las posibilidades para desarrollar su mayor potencial.
El presente informe subraya la importancia de que los estados de la región procuren el desarrollo de políticas de apoyo a las familias y la implementación de programas alternativos a la institucionalización residencial para los niños privados de cuidado parental. El recurso de la institucionalización de los niños representa un obstáculo a su desarrollo y a su integración social, principalmente por las frecuentes dificultades en recibir un trato personalizado y la ruptura de sus vínculos con los espacios normales para su desarrollo, su familia y su comunidad.
Este trabajo pretende identificar los principales problemas que enfrentan los países de la región en relación al tema y desarrolla someramente algunos de los estándares de derechos humanos que deben ser observados, con el objetivo de contribuir sustancialmente a la adecuación de los sistemas de protección en lo que refiere a la utilización de la internación de los niños, niñas y adolescentes en las instituciones de protección.
