Introducción
Disability Rights International (DRI) llevó a cabo dos investigaciones en Baja California, México –la primera en noviembre de 2018 y la segunda en febrero de 2019. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDH) acompañó a DRI en visitas a cuatro instituciones privadas en las que se encuentran niñas, niños, adolescentes y personas –incluidas personas migrantes– con discapacidad. En estas instituciones DRI documentó casos de tortura y abusos tales como el uso de sujeciones prolongadas y cuartos de aislamiento. DRI encontró particularmente preocupante la alta tasa de mortalidad de niñas y niños con discapacidad en una institución cerca de Ensenada, Baja California, llamada “Casa Gabriel”. De acuerdo con la información proporcionada por el personal, en febrero de 2018 tres niñas y un niño con discapacidad murieron con pocos días de diferencia. El hecho de que la institución aún esté funcionando, un año después de las muertes, y que no se haya llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre las mismas, plantea serias preocupaciones en torno a la seguridad de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran detenidos en “Casa Gabriel” y en instituciones en Baja California, México.
Dos de las cuatro instituciones visitadas por DRI operaban sin licencia y detuvieron arbitrariamente a niñas, niños, adolescentes y personas adultas con discapacidad, algunos de los cuales fueron enviados por el gobierno. DRI visitó una institución privada que encierra a menores de edad y adultos con discapacidad y problemas de adicciones sin el registro ni la autoridad legal para hacerlo. Esta institución usa cuartos de aislamiento y sujeciones en adolescentes y adultos como forma de castigo y no tiene un programa de tratamiento formal más allá de la oración y programación religiosa. A pesar de la falta de tratamiento, las personas permanecen amarradas por horas y encerradas en cuartos de aislamiento por días cuando tienen un ‘mal comportamiento’. México debe evitar que instituciones privadas detengan sin ningún tipo de autoridad legal a personas con discapacidad y que administren tratamientos forzados basados en programas experimentales no aprobados.
DRI encontró otra institución sin registro y sin licencia llamada “Pequeño mundo especial”. Esta institución opera en una casa dilapidad y detiene a niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad. El gobierno envió a niñas, niños y adolescentes a esta institución durante meses, a pesar de que no contaba con una licencia para operar. Cuando DRI visitó la institución, en noviembre de 2018, el gobierno había amenazado con retirar a las niñas, niños y adolescentes porque estaban mezclados con personas adultas, no porque la institución no tuviera registro. De hecho, de acuerdo con la directora, las niñas, niños y adolescentes se iban a ir de la institución, pero las personas adultas con discapacidad se iban a quedar.
Con base en nuestros hallazgos, DRI expresa su gran preocupación por la situación de derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad detenidos en instituciones en Baja California, México. Si bien ellos son la principal población sujeta a estos abusos, las y los menores de edad migrantes no acompañados y las personas con discapacidad que han sido deportadas o detenidas en la frontera de los Estados Unidos y retornadas a México también están en riesgo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), alrededor de 3,000 menores no acompañados son deportados cada año de los Estados Unidos a Tijuana, México. DRI se reunió con el director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Baja California (DIF Baja California), quien declaró que el 80% de las y los menores no acompañados se reintegran de inmediato a sus familias. El 20% restante es reunificado con sus familias dentro de un año, si la familia puede ser identificada. Para algunos de ellos, su familia nunca es localizada. DRI expresa su preocupación por las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados para quienes la única alternativa es pasar meses en instituciones mientras se encuentra a su familia, y quienes pueden quedarse en dichas instituciones por años si sus familias no pueden ser localizadas.
