En América Latina y el Caribe sobre un universo de 240.000 niñas, niños y adolescentes institucionalizados, alrededor del 10 por ciento de ellos tiene entre 0 y 3 años. Este grupo etario es el más vulnerable a sufrir el impacto de la privación del cuidado familiar y los efectos nocivos en esta etapa crítica del desarrollo pueden llegar a prolongarse durante toda su vida.
Los avances identificados en nuestra región en materia de inversión en políticas públicas dirigidas a la primera infancia, no han tenido en cuenta las problemáticas de sectores minoritarios que requieren de una protección especial.
Garantizar el derecho a la convivencia familiar y comunitaria, erradicando la institucionalización de niñas y niños menores de tres años, requiere no sólo adecuar la provisión de cuidados alternativos, sino también y fundamentalmente, construir una estrategia para la prevención.
