La necesidad urgente de prevenir y responder a todas las formas de violencia contra la infancia nunca ha sido mayor. Cada año, más de mil millones de niños y niñas son víctimas de la violencia, una situación que tiene repercusiones económicas valoradas en 7 billones de dólares1.
La migración y el desplazamiento en circunstancias peligrosas, los conflictos armados, el cambio climático, las pandemias, la explotación facilitada por la tecnología y el aumento de la desigualdad son algunos de los factores que agravan los peligros que corren los niños y niñas. Prevenir y responder a la violencia contra la infancia no es solo una obligación que se deriva de la legislación sobre derechos humanos: es también un imperativo social y económico esencial para fomentar el bienestar, la prosperidad y la paz de las sociedades.
Contar con sistemas de protección de la infancia sólidos e integradores es uno de los mecanismos más rentables y sostenibles para prevenir la violencia contra la infancia y garantizar al mismo tiempo que quienes hayan sufrido algún tipo de daño puedan recibir apoyo para avanzar en la vida. Unos sistemas sólidos de protección de la infancia también pueden aportar las estructuras necesarias para ampliar la aplicación de las estrategias INSPIRE de prevención, reducción y respuesta a la violencia.
